El Real Decreto Ley 8/2019 de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo, que modifica el artículo 34.9 del Estatuto de los Trabajadores, entró en vigor el pasado 12 de mayo. Y Carlos Tomé y Iago Pereiro, en representación de nuestros asociados de Caruncho, Tomé & Judel, vinieron a explicarnos las consecuencias de no registrar correctamente el tiempo efectivo de trabajo de los trabajadores que tengamos en plantilla.

En el formato habitual de nuestros Desayunos Profesionales, Carlos expuso los pormenores del Real Decreto y se abrió una rueda de preguntas entre los asistentes para que, tanto con Carlos como con Iago, pudieran quedar resueltas las dudas que esta nueva vuelta de tuerca contra el autónomo y pequeño empresario, suscitaba.

La conclusión fue clara: la administración (perlada de clases pasivas), considera siempre al empresario como sospechoso de explotar, defraudar, engañar y, por tanto, un elemento a controlar, incluso a penalizar desde mucho antes de que se pueda demostrar que incumplirá la norma. Una penalización en forma de trámites burocráticos adicionales, de miedo ante la multa, de ansiedad ante la inspección (aún con todo en regla). Como vemos, España sigue siendo un 'maravilloso' país para emprender (y mucho más 'maravilloso' para contratar).

Por el lado de los trabajadores, sobre todo los de las pequeñas empresas, que día a día, luchan al lado del autónomo que los contrata como si la empresa fuese suya, considerarlos como 'menores de edad', incapaces de llegar a un acuerdo basado en la 'productividad' y no en el 'presentismo', es dejarlos en muy mal lugar. 

Si la lucha contra la precariedad laboral es igualar a las grandes empresas y a los autónomos legislando decretos como éste, en vez de entender que dicha precariedad se origina por la falta de oferta laboral, es decir, por la falta de empresas pequeñas y medianas en este país que compitan entre ellas por los mejores trabajadores, mal vamos.

Lo único que acabarán consiguiendo es el efecto contrario: fraude en el cumplimiento de un trámite administrativo para los que tengan empleados (que es en lo que se convertirá el hecho de 'fichar') y ningún estímulo (si es que todavía queda alguno) para contratar a alguien por aquellos que todavía no lo hayan hecho.

A ningún trabajador le gusta 'fichar' y a ningún empresario 'estar fichado', sólo el legislador, azuzado por el poder ejecutivo (sesgado ideológicamente) cree que mejorará la productividad de los negocios yendo contra la libre voluntad de llegar a acuerdos entre las partes implicadas ¡cómo se nota quiénes no han tenido jamás que gestionar un pequeño negocio en España!

Y ¡si aún nos quedase el recurso al tercer poder! mas mucho nos tememos que, ante un conflicto entre la inspección de trabajo y el empresario por no haber podido éste (o no haber sabido cómo hacerlo -la guía que el ministerio ha facilitado para ello deja todo a la libre interpretación-) registrar correctamente las horas efectivas de uno o varios empleados, los jueces harán lo de siempre...

Siglo XXI, que ya eres mayor de edad, ¿tú cómo lo ves? ¿Contratamos o Colaboramos?