El preconcurso no supone la paralización de embargos ni el incumplimiento de los pagos

La Ley Concursal establece que el deudor debe solicitar la declaración de concurso dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que sea conocedor de su estado de insolvencia. Sin embargo, la propia normativa le permite benefi ciarse de una moratoria, acudiendo al instrumento de la comunicación de iniciación de negociaciones con sus acreedores, también conocido como preconcurso.

 

¿Qué es el preconcurso?

Es un instrumento que faculta al deudor para poner en conocimiento del juzgado que se encuentra en situación de insolvencia y que ha iniciado negociaciones con sus acreedores —a fi n de evitar el concurso—, o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, con el objetivo de agilizar la tramitación y garantizar el buen fi n de un inminente procedimiento concursal.

¿Qué finalidad persigue el deudor?

La fi nalidad de la comunicación previa a la declaración de concurso dependerá de las concretas pretensiones que persiga el deudor, en función de su situación y de las posibilidades de una superación inmediata —o no— de la insolvencia, pues puede dirigirse a un agotamiento de todas las posibilidades de acuerdo con sus acreedores —o, al menos, con los principales— que le permita superar la situación de insolvencia y, por tanto, evitar el procedimiento concursal; o bien, cabe que pretenda la consecución de las adhesiones de acreedores sufi cientes a una propuesta anticipada de convenio, de tal forma que agiliza la tramitación del futuro, e inevitable, procedimiento concursal.

¿Cuáles son los plazos?

La comunicación de iniciación de negociaciones se ha de formular dentro del plazo de los dos meses siguientes a la fecha en que el deudor haya conocido su situación de insolvencia. El deudor tiene tres meses para alcanzar un acuerdo con sus acreedores, de refi nanciación o las adhesiones a una propuesta anticipada de convenio concursal. En el caso de que el deudor no hubiere alcanzado el indicado acuerdo, una vez fi nalizado el plazo comentado, dispone de un mes para presentar la solicitud de declaración de concurso.

¿Qué efectos tiene sobre la actividad del deudor y las facultades de sus administradores? ¿Está obligado el deudor a cumplir sus obligaciones en ese período?

La presentación de la comunicación no supone, por sí misma, alteración alguna en la actividad ordinaria del deudor, ni incide en sus órganos de administración, en cuanto se mantienen con plenitud de facultades de representación, administración y gestión. El deudor  está obligado al cumplimiento de las obligaciones —tanto de naturaleza contractual como legal— sin ninguna especialidad, por supuesto, debiendo atender a sus obligaciones de pago.

¿Quedan sin efecto los embargos por parte de las Administraciones Públicas o de acreedores privados?

La mera presentación del preconcurso no deja en suspenso las actuaciones ejecutivas promovidas por los acreedores, públicos o privados, continuando su tramitación de acuerdo a la normativa vigente. Incluso, una vez presentado el preconcurso, los acreedores que aún no hubieran iniciado reclamaciones o ejecuciones contra el deudor podrán iniciarlas en fecha posterior, pues la normativa concursal no contempla la paralización de las mismas.

¿Pueden los acreedores pedir el concurso necesario una vez presentado el preconcurso?

La Ley Concursal no impide la presentación de solicitudes de concurso necesario durante el período preconcursal, si bien establece que «no se admitirán» y que se les dará curso transcurrido el plazo de un mes —posterior a los tres meses sin haber alcanzado acuerdo alguno— habilitado para que el deudor presente la solicitud de concurso voluntario. En tal sentido, la comunicación de iniciación de negociaciones actúa como un blindaje temporal contra la declaración del concurso.

¿Si transcurridos los plazos no se alcanza el acuerdo con los acreedores, está el deudor obligado a solicitar el concurso?

Si el deudor no supera la situación de insolvencia que le ha llevado al preconcurso, fundamentalmente mediante un acuerdo de refi nanciación con sus acreedores —al menos, con aquellos titulares del grueso del pasivo— vendrá obligado a la solicitud de la declaración de concurso.

¿Qué consecuencias puede tener para los administradores de la deudora un fracaso de las negociaciones?

En principio, el mero hecho de que no se alcancen acuerdos con los acreedores no supone motivo de responsabilidad para los administradores. No obstante, en el caso de que no se hubiera hecho un uso efectivo del plazo para entablar tales negociaciones y se pudiera interpretar que la utilización del instrumento preconcursal ha tenido una finalidad meramente dilatoria del concurso, para retrasar la declaración del mismo, con agravación de la situación de la insolvencia, podría dar lugar a una eventual calificación culpable del concurso y a la consiguiente responsabilidad de los administradores.

 

Análisis de Rafael González del Rio
Abogado de Caruncho, Tomé & Judel.
Despacho miembro de Hispajuris

Este artículo fué publicado originalmente en La Voz de Galicia


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