Artículo de opinión de D. José Luís Vilanova

No seré yo quien cuestione cualquier elemento de atracción turística que consiga hacer llegar a la gente a nuestra provincia y a nuestra comunidad

No seré yo quien tire piedras contra mi propio tejado.

Ni seré yo tampoco quien cuestione cualquier elemento de atracción turística que consiga hacer llegar a la gente a nuestra provincia y a nuestra comunidad.

Viene esta aclaración al caso por si alguien entendió como una crítica al Camino de Santiago mis palabras de la semana pasada en esta misma sección. Nada más lejos de la realidad. Valoro y apoyo sin concesiones cualquier decisión que promueva el desarrollo turístico. Y es evidente que uno de los grandes focos de atracción turística de Galicia es el Camino de Santiago. Un producto de indiscutible valor, como también lo puede ser el turismo de sol y playa, el gastronómico o el enoturismo.

En lo que me reafirmo absolutamente es en que no es necesario dotar el Camino de una red de albergues públicos, igual que no dispone de una red de bares, de restaurantes o de supermercados públicos, a pesar de que entre las necesidades básicas del peregrino, al igual que el dormir, también está el comer.

Pero es más, hoy quiero profundizar en otra vertiente de esta cuestión que me inquieta tanto como la de la competencia desleal. Por definición, un albergue es “una forma de alojamiento sociable compartido a corto plazo y de bajo costo donde los huéspedes pueden alquilar una cama, generalmente una litera en un dormitorio, con uso compartido de un salón y, a veces, una cocina”. Si, efectivamente, los albergues son tal cual los define este texto, vería realmente complicado que pudiera estar abiertos, dados los actuales protocolos y restricciones anticovid.

Y si resulta que ahora ya no son así, y resulta que las inversiones de dinero público que se han realizado en los mismos ha sido para dotarlos de compartimentos y estancias privadas, primero, ya no estaríamos hablando de albergues propiamente dichos y, segundo, se abriría un conflicto de intereses con el resto del sector que presta servicios de alojamiento. Con lo cual, no sé que sería peor.

En otro orden de cosas, hace unos días me llamó la atención una noticia en la que se informaba de que la pérdida de población en España casi se triplicó el año de la pandemia. España perdió 153.167 habitantes como consecuencia del incremento exponencial de los fallecidos y la disminución de los nacimientos. ¿Qué repercusiones se deriva de esto? La primera y más evidente es que cuantos menos seamos, menos contribuyentes cotizarán a las arcas del Estado.

¿Y que hacemos al respecto? Pues en lugar de enviar a Bruselas un plan de recorte del gasto público, de eliminación de instituciones  y de disminución de los costes de la función pública, enviamos otro con medidas como los peajes a la movilidad en autovías, que lo que van a provocar es todo lo contrario: que haya más accidentes en las vías secundarias y más muertos en la carreteras. Y principalmente, como viene ocurriendo por desgracia de forma sistemática, serán jóvenes.

Es decir, que en lugar de favorecer el incremento de población se toman medidas que van a poner en peligro el mantenimiento de quienes quedamos. Un auténtico sinsentido. Uno más, y ya he perdido la cuenta