Artículo de Opinión de José Luís Vilanova

Quedaba muy  bonito sobre el papel aquello de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de que todo ser humano tiene que tener acceso a una serie de derechos fundamentales. Como queda también muy lustroso en nuestra Constitución aquello de que todos los individuos somos iguales ante la ley y que tenemos los mismos derechos y obligaciones.

No hace falta decir que, tanto una como otra, se quedaron en declaraciones de buenas voluntades pero que distan mucho de haberse convertido en realidades tangibles. De hecho, uno de los grandes problemas de las sociedades modernas, como la española, es que no todos jugamos con las mismas cartas pero sí que se nos exige alcanzar los mismos resultados. Eso, traducido al ámbito mercantil, equivale a un conflicto de intereses que se resuelve de forma no equitativa, y en el que entran en juego factores como la competencia desleal. Una competencia aún más hiriente cuando proviene de las propias Administraciones públicas.

Advierto de un tiempo a esta parte un debate, que tiene incluso su reflejo en los medios, acerca de esas nuevas modalidades de contratación de determinados servicios, como los mal llamados pisos turísticos o los alquileres de coche con conductor. Por supuesto, exijo de esos servicios que se presten conlleven que quien lo realiza esté dado de alta en la Seguridad Social, tribute los impuestos que le correspondan por esa actividad y cumpla con todos los requisitos legales, sanitarios, de seguridad y de higiene que se le exigen a cualquier otro establecimiento hotelero, independientemente de su categoría.