Artículo de opinión de Alfonso Garcia.

El movimiento provida, y una gran parte de la población española no necesariamente influenciada por motivaciones religiosas, nos sentimos invadidos por sentimientos diversos: perplejidad, temor, dolor, rebeldía, pena, incredulidad… ante la reciente proposición de Ley -publicada en el Boletín de Las Cortes del 21 de mayo último- promovida por el PSOE.

¿Qué ocurre? Pues que en ella se propone limitar y castigar con pena de cárcel de entre uno y tres años, el ejercicio del derecho a la libertad de expresión de los movimientos provida –ojo, no digo contrarios al aborto- cuando difunden sus ideas sobre la maternidad y el aborto, ya sea en forma de manifestaciones, ofrecimiento de ayuda, acogida e información sobre la maternidad, en los alrededores de las clínicas autorizadas para realizar interrupciones voluntarias del embarazo (IVE).

Resulta chocante que en tu buzón de correo, en el parabrisas de tu coche, a las puertas de un club de alterne o en cualquier página web te puedan ofrecer servicios sexuales, preservativos o un catálogo de artilugios eróticos, sin que nadie considere esta publicidad coacción o incitación a hacer aquello que se anuncia.

Esta iniciativa legislativa considera que la presencia de los voluntarios provida en las proximidades de las clínicas que practican el aborto, es un forma de coacción a las mujeres que acuden a ellas con el propósito de “interrumpir voluntariamente el embarazo” –abortar, aunque no guste-, porque condicionan su decisión y, por lo tanto, limitan su libertad.

La coacción es un delito, ya recogido en el Código Penal, que consiste en impedir a alguien, mediante violencia, que haga lo que quiere hacer u obligarle a hacer algo que no quiere hacer. Es decir, se trata de un delito contra la libertad.

Me hago, les hago a ustedes, lectores, al PSOE y a las organizaciones abortistas solicitantes de la medida, las siguientes preguntas: ¿usan la violencia los movimientos provida o amenazan?, si ya está regulado el delito, ¿por qué es necesario reiterarlo?, ¿no se está condicionando y coaccionando con esta normativa, el ejercicio de la libertad de expresión de quienes defienden la vida?, ¿o es que la libertad de expresión se reserva para lo que le gusta oír al Gobierno, a sus socios y votantes?

Supongo que son muchos los abortos en los que la mujer se ve abocada a tomar la decisión en soledad, por falta de recursos económicos, con desesperación, sin apoyos en el ámbito familiar y otras circunstancias difíciles. Entre estas últimas, una que me parece fundamental: la ausencia de la otra parte, que, en muchos casos, por cobardía y egoísmo –para quitarse él mismo el problema de encima- aconseja, influye en la decisión y financia el aborto. Naturalmente, en otros casos, se limita a utilizar el “ahí te quedas” y “si te he visto, no me acuerdo”.

En algunas supuestos a los que me acabo de referir, pueden prestar una importante y eficaz ayuda las numerosas asociaciones privadas del movimiento genérico provida, en las que escuchan, informan, acogen y apoyan materialmente en viviendas de acogida, a las mujeres que, tras una decisión informada y reflexiva sobre su situación y las alternativas posibles, deciden libremente continuar con su embarazo.

Con la eutanasia sucede algo parecido: las ayudas públicas para la atención domiciliaria, tanto anímica como material, a los familiares cuidadores y al propio paciente, que hoy son insuficientes, pondrían en evidencia, naturalmente es una opinión personal, la oportunidad de la ley y su aplicación real.