Al finalizar el estado de alarma, en reuniones masivas de jóvenes, se hacía un canto a la libertad, como un derecho inalienable, con olvido ignorante, y tal vez hasta con desprecio, del concepto de interés público, que debe protegerse mediante restricciones excepcionales y temporales de la libertad cuando se encuentra en peligro, como sucedió hace más de un año.

Y gritaron, cantaron, bebieron, transgredieron las normas que siguen vigentes y despreciaron las más elementales normas de prudencia. Insolidaridad en estado puro, porque creen que a ellos nunca les morderá el virus, porque el virus es para los abuelos.

El Gobierno del Estado y los de las CC AA han sido responsables del desconcierto que nos ha invadido, por la diversidad de normas en cada comunidad, la dificultad para su interpretación, las constantes modificaciones, la falta de una vigilancia efectiva y de sanciones reales por el incumplimiento, que se pierden por los vericuetos administrativos.
Ante esta situación, no puede extrañar que grupos de irresponsables proclamen el “ancha es Castilla” y “hagan de su capa un sayo”.

Ahora ha sido el fin del estado de alarma – en otros momentos fueron otras las causas – el que ha dejado al descubierto, una vez más, las vergüenzas del Estado de las autonomías, bajo la forma de incoherencias, contradicciones y elusión de responsabilidades. Nadie quiere adoptar medidas impopulares, prefieren que las tome “el otro” o “los otros”, ante las posibles consecuencias electorales.

Por un lado, las CC AA piden árnica al Gobierno del Estado, y este responde que tienen herramientas suficientes para afrontar la nueva situación. Los acuerdos que se adoptan entre CC AA y Gobierno, no son respetados por algunos gobiernos autónomos, y se hace recaer la solución de un asunto político sobre los TSJ y el Tribunal Supremo.

Lo cierto es que las disfunciones son muchas, por lo que se impone – naturalmente, es mi opinión- una racionalización o armonización de las competencias de las CC AA, que debería estar presidida por la claridad, la eficacia, el mejor aprovechamiento de los recursos públicos y la igualdad de todos los españoles, al menos en aspectos tan básicos como la sanidad, la educación y la fiscalidad.

Para muchos españoles, supongo, este planteamiento es una evidencia; para otros, sobre todo para los políticos profesionales, es un problema que no existe, y miran para otro lado ante el temor de quedarse sin futuro.

Haría falta la altura de miras y el sentido común que tuvieron los políticos de hace 45 años, para poder alcanzar grandes acuerdos sobre esta materia y otras, al menos entre los dos grandes partidos nacionales. ¿O tendremos que aceptar el refrán popular, “lo imposible en vano se pide”?; mal futuro nos espera si el refrán tiene razón.