La Asociación de Emprendedores de Galicia (ASCEGA) exige al Concello de A Coruña la inmediata elaboración de una ordenanza municipal que regule los elementos de locales comerciales y hosteleros en las fachadas de edificios protegidos de la zona PEPRI para evitar la situación “discriminatoria e injusta” que se registra en la actualidad ante la ausencia de normativa. “Está habiendo una persecución de los negocios y empresas de la ciudad que tienen colocadas estructuras tipo toldo”, denuncia el presidente de la entidad, Alfonso Salazar, que critica la “inexplicable inacción” de la Concejalía de Urbanismo, que dirige Juan Díaz Villoslada, tras las sanciones registradas por parte de la Dirección Xeral de Patrimonio de la Xunta, bajo la gestión de María del Carmen Martínez Ínsua.

A través de una carta a todos los portavoces de grupos municipales, Ascega reclama que el pleno municipal impulse una ordenanza a este respecto para evitar la “inadmisible indefensión” que sufren los negocios coruñeses, que ya han sido, recuerda el dirigente de la entidad, “muy golpeadas por la crisis sanitaria y económica”. En otras ocasiones, recuerda, se han aprobado normativas de este tipo en un plazo de tiempo muy corto, como la que reguló la instalación de las terrazas en la plaza de María Pita. Justo en este lugar es donde un local de hostelería ha sido sancionado con la retirada de un toldo que lleva más de 50 años colocado. Después de cinco años de la resolución del organismo autonómico, Urbanismo ha ordenado a la empresa que elimine la estructura creando un “estado general de perjuicio e inseguridad jurídica” a todos los establecimientos que desarrollan su actividad económica en la zona más antigua de la ciudad.

“Esta situación crea un precedente y supone un riesgo para todos los locales ubicados en edificios protegidos en el área PEPRI”, advierte el presidente de ASCEGA, Alfonso Salazar, que critica que el concejal Juan Díaz Villosada se había comprometido “a buscar una solución” al caso concreto de María Pita. “Ahora vemos con perplejidad y decepción esta nueva falta de sensibilidad por parte del Ayuntamiento hacia el tejido productivo coruñés”, apunta, recriminando la “dejadez” con la que actúa la administración local al carecer de una normativa específica.