La Asociación de Emprendedores de Galicia (ASCEGA) denuncia la situación a la que se enfrentan los negocios de la zona PEPRI de la ciudad ante la ausencia de una ordenanza municipal que regule el uso de elementos de las fachadas, como los toldos, y la falta de apoyo del Ayuntamiento a las exigencias de la Dirección Xeral de Patrimonio. La entidad ha hecho pública la situación de un local de hostelería de la plaza de María Pita a la que el organismo autonómico, dirigido por María del Carmen Martínez Ínsua, requiere la retirada de un toldo que lleva más de 50 años colocado. Después de cinco años de la resolución, la Concejalía de Urbanismo ha ordenado al empresario que retire la estructura creando un “estado general de perjuicio e inseguridad jurídica” a todos los establecimientos que desarrollan su actividad económica en la zona más antigua de la ciudad.

“Esta situación crea un precedente y supone un riesgo para todos los locales ubicados en edificios protegidos en el área PEPRI”, advierte el presidente de ASCEGA, Alfonso Salazar, que critica que el concejal Juan Díaz Villosada se había comprometido “a buscar una solución” al caso concreto de María Pita. “Ahora vemos con perplejidad y decepción esta nueva falta de sensibilidad por parte del Ayuntamiento hacia el tejido productivo coruñés”, apunta. “El Gobierno local apoya a la Dirección Xeral de Patrimonio y actúa en contra de las empresas de la ciudad cuando fue el Ayuntamiento el que actuó con dejadez por no impulsar una ordenanza al respecto”, resalta.

Desde la asociación de emprendedores alertan de que en la ciudad no existe una normativa municipal que regule la colocación de este tipo de elementos en las fachadas de los edificios de la Ciudad Vieja y Pescadería, por lo que no es “justo” ni “coherente”, dicen, que exijan la retirada de un toldo justamente tras la petición por parte de la empresa propietaria de licencia para su mantenimiento en el año 2015. “Se trata de una situación que podría afectar a muchísimos establecimientos comerciales y hosteleros de esta zona”, remarca Salazar, que considera “asombrosa y preocupante” la actuación del concejal ante un sector que ya ha sido “duramente castigado” en los últimos años.

El propietario del negocio, asociado de Ascega, ha recibido una respuesta negativa al recurso presentado contra la resolución, por lo que la entidad ha enviado una carta al concejal, Juan Díaz Villoslada, para que busque una solución, tal como se comprometió a hacer en reuniones mantenidas en los últimos meses en la sede de la asociación. El presidente de la asociación de emprendedores advierte de que pondrán en marcha “todas las acciones que estén en nuestra mano” para defender a este emprendedor y a los que se puedan ver afectados por medidas similares.