Mirar para atrás sin ira y recordar lo que dijeron sobre un tema determinado quienes  hablaron ayer y hablan hoy, es un buen ejercicio para aprender: “Apoyaré la reforma del Estatuto que apruebe el Parlamento catalán” (noviembre 2003), frase de Rodríguez Zapatero pronunciada entre fervorosos aplausos de sus coristas,  que le llevó a  La Moncloa y a Pascual Maragall a la presidencia de la Generalitat de Cataluña.

En marzo de 2006 el Congreso de los Diputados aprobaba el Estatuto de Cataluña con 189 votos a favor y 154 en contra; en junio del mismo año lo aprobaban los catalanes en referéndum.

Cuatro años (hasta 2010) necesitó el Tribunal Constitucional para declarar la  inconstitucionalidad de 14 artículos del Estatuto por ocho votos contra dos, sobre materias como lengua, administración de justicia, gestión tributaria y Consejo de Garantías Constitucionales. La sentencia añadía que “carecen de eficacia jurídica” las referencias que se hacen en el preámbulo a  “Cataluña como nación”  y a la “realidad nacional de Cataluña”.

En alguna de las materias declaradas inconstitucionales, como la lengua, por ejemplo, el incumplimiento siguió siendo flagrante, con el silencio de unos y  la connivencia de otros. Pasado el tiempo, año 2014, Zapatero afirmó: Es verdad que la frase no fue muy afortunada. Intenté rectificar. Quise decir que …” Una muestra más de la irresponsabilidad de un político, de la ligereza con que hablan y de las promesas que realizan durante las campañas electorales, con el único propósito de alcanzar el poder. El daño que produjo esta frivolidad en la convivencia de los españoles tiene difícil reparación.

Recuerden ustedes los nombres de senadores, diputados, ministros y socialistas relevantes que apoyaron con fervor la promesa de Zapatero, o callaron cobardemente, y  repasen el desencanto y preocupación de esas mismas personas, hoy, ante la deriva secesionista en Cataluña; no citaré nombres porque son de sobra conocidos y, además, algunos han fallecido. Pero hay más responsables: Felipe González y Aznar dieron alas a los independentistas en forma de concesiones, a  cambio de asegurarse la investidura.

Estos son algunos de los antecedentes de la situación de rebeldía abiertamente declarada en Cataluña, manifestada en el referéndum ilegal y la desobediencia sistemática a las resoluciones de la Justicia.

Para los que aún no están convencidos de la necesidad de poner orden en el régimen autonómico, debería ser una ayuda el hecho de que, desde el comienzo de la pandemia, asistimos a la representación del esperpento de la diversidad de formas en su gestión, que provocan desconcierto e inseguridad en los ciudadanos y en Europa, ineficacia y  dificultad para vigilar  el cumplimiento de las medidas que se adoptan.

Hoy es más realidad que nunca el refrán Ebro traidor, naces en Castilla y riegas Aragón, que refleja la existencia de un problema histórico de disputas territoriales y la consecuencia derivada del Estado de las Autonomías: la pérdida de la solidaridad, una de las bases sobre las que se sustenta el Estado. Si la clase política no habla sobre las disfunciones actuales del régimen autonómico, porque no le interesa, la Sociedad Civil debería tomar la iniciativa para tratar el problema de forma serena y realista.