SERÁ CUESTIÓN de años, o quizá de décadas, pero tarde o temprano en los libros de historia se estudiará que en 2020 se desató una pandemia mundial y que en España fue gestionada y dirigida por quienes cobraban el 100% de su sueldo del erario, también asalariados de las diferentes administraciones públicas, fuesen imprescindibles o no. Y esos libros recogerán también que esos dirigentes que tenían su sustento garantizado por ley decidieron que quienes generaban empleo y riqueza en el mercado libre tenían que cerrar, limitar o restringir sus negocios, sin ellos recibir a cambio compensación económica alguna. Solo la recibieron sus trabajadores.

Si existiera, cosa que dudo, un mínimo de sentido crítico, esos libros recogerían la situación que viven en este momento los empresarios españoles como una suerte de moderna esclavitud. Sin ningún derecho de retribución de aquello que les está siendo sustraído, pero con todas las obligaciones impositivas. Sin poder alzar la voz, porque nadie nos escucha. Sin saber cuáles serán los designios que “nuestro amo y señor” nos tenga preparados para un futuro inmediato. Y, por supuesto, sin la más mínima opción de participar en ellos.

Esa será parte de la lección de historia que futuras generaciones de españoles recibirán de este convulso tiempo. E incido en lo de españoles, porque en otros países de nuestro entorno la lección será bien distinta. Muchos de los libros que se escriban en alemán, en inglés o en francés contarán que los gobiernos de sus países posibilitaron que los generadores de riqueza pudieran, cuando menos, hacer frente a sus gastos generales garantizando que percibieran hasta el 75% de lo que habían facturado en 2019, el año previo a la crisis. Y mientras tanto, en España, después de más de un año de pandemia y de durísimas restricciones, solo ahora parece ser que se van a conceder ayudas directas a las empresas. A la ministra del ramo que recibe en su cuenta cientos de miles de euros anuales del ese erario le está costando. Veremos cómo, cuantos y quiénes

Me gustaría esta semana hacer una segunda reflexión que en esta ocasión tiene como protagonista a Telecinco. Para ello, antes que nada, conviene recordar que Telecinco pertenece a Mediaset, un grupo empresarial de capital extranjero (italiano, en este caso), controlado por el grupo Finivest, propiedad de Silvio Berlusconi. Y que si dispone de una licencia para emitir en un canal de televisión es por una concesión del Gobierno español, ya que en la actualidad el sector de las telecomunicaciones en España no está liberalizado.

Pues bien, si el nuestro fuera un país con un mínimo de dignidad, esa licencia debería serle revocada ya mismo por cuestiones de interés general. No se puede permitir un medio de comunicación frivolice como lo hace con temas tan graves y con semejante trascendencia. No se puede seguir consintiendo que se sigan retroalimentando de la casquería y de la bajeza humana para sacar réditos económicos. Como dirían los paisanos, Telecinco hace más mal que un gorrino suelto. Ya va siendo hora de que alguien le ponga el cascabel al gato. No podemos seguir consintiendo el “todo vale” porque la audiencia lo justifica. De alguna manera, igual que ocurre en otros ámbitos, debería haber un organismo regulador que fijase los límites éticos. Telecinco lleva muchos años saltándoselos. E irá a más, si nadie lo remedia.