Hay películas en las que el protagonista, de repente, se despierta y está en inmerso en una realidad paralela en la que su familia ya no es su familia, sus amigos ya no le conocen y su casa ya no es suya. Salvando las dos primeras, aunque no siempre, la tercera empieza a no ser ya tan de ciencia ficción. Eso es precisamente lo que le pasó a Isidoro, un asturiano que tenía alquilado su taller mecánico a un inquilino que, después de 40 años, se jubila un viernes. Al ir el lunes a ver cómo estaban las cosas en su propiedad, se encuentra con unos okupas que han cogido el taller y han decidido continuar con el negocio. Eso sí, sin pagar el alquiler. El problema está en que hicieron creer a todos los vecinos que eran los dueños del taller, falsificaron la licencia e incluso pusieron una alarma. Dos años después de problemas, disgustos y costosas batallas en los tribunales, la justicia le ha dado la razón por la vía civil.

Los datos del Ministerio del Interior aseguran que la okupación ha crecido en España un 20% entre 2018 y 2019, con un total de 14.394 entradas en propiedades ajenas. Como excusa, muchas veces se argumenta que los inmuebles son de los bancos o de fondos buitre (aunque en un país que respete la propiedad privada, hasta ellos tienen derecho a tener pisos en su cartera) pero la realidad es que el 15% de las okupaciones que se producen son a pequeños propietarios, bastante más indefensos ante los intrusos y la justicia que las grandes corporaciones.

El IBI –que, por cierto, no ha dejado de subir– y otros impuestos, como el de sucesión, la plusvalía, la luz, el agua, el gas, las derramas y todos los gastos que implica ser propietario de un inmueble no corren por cuenta del okupa, sino que siguen siendo responsabilidad del propietario, que parece que tiene todas las obligaciones y solo un derecho: poner la pasta y, a veces, el culo.

Si en alguna ocasión el perfil del okupa era el de una familia sin recursos, tirada en el arroyo sin nada que llevarse a la boca, ahora mismo es completamente diferente. Según un estudio de idealista.com, ahora el okupa ya no está tan desvalido: conoce sus derechos (que son todos) y sus obligaciones (ninguna o casi ninguna), además de presentarse en los juzgados con móviles de última generación que no sostienen esa imagen de pobriño que necesita un techo para no subsistir bajo un puente.

Que les pregunten si no a los vecinos de A Zapateira o a los de Palavea, que han sufrido en sus propias carnes insultos, amenazas y todo tipo de problemas. La imagen idílica se diluye cuando alguien acaba sufriendo la okupación en sus propias carnes. Seguramente el escenario cambiaría si el afectado fuese un juez, un fiscal o el delegado del Gobierno, por poner un ejemplo.

A diferencia de otros países, donde prima el alquiler, en España la vivienda es el nicho de ahorro de la mayoría de las familias que, con mucho esfuerzo, en ocasiones consiguen tener una segunda residencia que no solo sirve como refugio vacacional sino que, con un alquiler, funciona en muchas ocasiones como complemento a una pensión de jubilación o de viudedad más bien escasa. En una vivienda habitual resulta complicado meterse pero en las segundas residencias, normalmente en otra localidad y fuera de la vigilancia de sus propietarios, la okupación ya resulta más sencilla.

El incremento en el número de okupaciones, que puede subir aún más debido a la acuciante crisis económica que se vislumbra en el horizonte, preocupa a los dueños de viviendas. El problema no es tanto encontrar que alguien ha forzado la puerta y se ha colado en tu casa sino que, una vez dentro, es difícil de echar, lo que deja en una total indefensión jurídica a quienes sufren esta situación. Tal y como denunciaba en La Voz de Galicia el fiscal Luis Anguita, actualmente la okupación es un delito leve, por lo que va detrás de otros –considerados como– más graves y eterniza el proceso, normalmente un par de años.

La solución, como sugiere el propio Anguita, sería considerarlo un allanamiento de morada –lo que resulta increíble es por qué no se trata ya como tal– o como usurpación, ambos delitos con penas de seis meses a dos años de prisión, y que se tramite de forma rápida. O, quizás, que pidan ayuda a la Agencia Tributaria, toda una experta en hacer que los plazos avancen realmente deprisa.