La Junta de Gobierno Local del concello de Oza-Cesuras acordó por unanimidad decretar el cese de la actividad en las edificaciones e instalaciones que se dedicaban a albergar bodas y banquetes en la Rectoral de Cines. La decisión llega tras una investigación efectuada por la Xunta de Galicia, a través de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, en la que se ha constatado que en ese espacio, protegido por el Catálogo del Patrimonio Cultural de Galicia, se habían realizado obras vinculadas a un uso hostelero en parcelas catalogadas como suelo rústico.

La Xunta ha constatado que en el enclave de Cines se construyó un pabellón “para uso recreativo” de unos 234 metros cuadrados de superficie, además de una piscina soterrada, pérgolas, construcciones auxiliares para aseos, un corredor cubierto y una carpa de recepción que a mayores ocupan más de 210 metros cuadrados. Todo ello sin haber solicitado la preceptiva licencia municipal y destinado a hostelería.

Se expone así por tanto no sólo la situación de ilegalidad existente en la Rectoral de Cines sino en varios pazos e instalaciones similares a lo largo de la geografía gallega porque además, ante un postrero intento por legalizar la ampliación del complejo hostelero, la arquitecta municipal emitió un informe desfavorable y la dirección xeral de Patrimonio Cultural apuntó que las obras realizadas en Cines provocaron “con certeza” daños al patrimonio arqueológico y resultan “totalmente inadecuadas” por su implantación, diseño y materiales empleados. “Produjeron unas afecciones muy negativas en el entorno de unos bienes de gran valor patrimonial”, inciden.

En la Rectoral de Cines las celebraciones de eventos como podía ser una boda se celebraban en un radio de menos de treinta metros respecto a un cementerio que está catalogado como zona verde y está vecino a la Iglesia de San Nicolás, también adscrita al Catálogo del Patrimonio Cultural de Galicia. Todo se llevaba a cabo bajo una autorización de establecimiento de turismo rural con 21 plazas de alojamiento y un restaurante con capacidad para 35 personas ubicado en el edificio de la Rectoral. Pero la realidad mostraba que allí se celebraban, desde hace años, bodas y banquetes que albergaban a cerca de 200 comensales en las carpas o estructuras anexas para las que tanto Xunta como Concello han confirmado que no existían permisos.

La decisión tiene un carácter histórico y viene a dar la razón a la alerta lanzada en los últimos meses por la Asociación de Emprendedores de Galicia (ASCEGA), que advierte de la proliferación de situaciones irregulares que ponen en grave riesgo a las personas que acuden a eventos en espacios que carecen de los permisos preceptivos. En el caso de que en ellos se produjese cualquier tipo de siniestro las aseguradoras no tienen porque responder y serían tanto los contratantes, en este caso los novios, como el Concello quienes tendrían que hacer frente de forma solidaria o subsidiaria a las consecuencias de cualquier eventualidad.

La noticia en los medios: La Voz de Galicia – La OpiniónEl Español