Vamos a intentar entender el país en el que vivimos.

España es ese país en el que el sector público no es que sea el principal empleador sino que emplea a más gente que todos los demás juntos. Casi 14 millones de personas dependen de la maraña de administraciones, organismos o empresas públicas. Son 700.000 más que las que trabajan para todo el sector privado. Todo ocurre en un contexto de desaceleración: la empresa privada generó en el tercer trimestre de 2019 casi 100.000 puestos de trabajo menos que en ese tiempo del año anterior.

Mientras todo eso sucede, desde la administración se cantan las excelencias de una cada vez más ambiciosa oferta pública de empleo. Opositemos todos para engrosar la cifra de 3,2 millones de asalariados que contemplan a las administraciones públicas de todo el país. Las hay de todo tipo y condición. Nunca desde 2011 había una tropa tan numerosa en nómina. Fue entonces cuando España estuvo al filo del rescate.

Tenemos un Estado dispuesto a financiar a la mitad de su población mayor de 18 años y en el que un sector privado lo costea y pedalea para que la bicicleta siga de frente y no se caiga hacia un lado, hacia el de un sistema de pensiones difícilmente sostenible, un sistema de sanidad que aumenta sus necesidades pecuniarias (las propias de un país envejecido, en el que casi una quinta parte de su población es pensionista) al tiempo que medran las listas de espera y un sistema de protección al desempleo que no anima a buscar trabajo.

Un país de subvencionados y de opositores castiga la iniciativa empresarial, convierte el emprendimiento en una selvática aventura y es incapaz de generar riqueza. Según la última encuesta salarial del Instituto Nacional de Estadística, el 25% de los funcionarios públicos recibe una nómina mensual que supera los 3.000 euros al mes. Si nos vamos a las empresas tan sólo el 7% de sus empleados llegan a esas cotas. ¿Qué quiere usted ser de mayor?

Algunos optamos por la audacia mientras la Administración se convierte en contratista y tiene ya en sus filas a casi un millón de trabajadores con contratos temporales. El emprendimiento es un recurso, no tanto una vocación entre una población joven a la que se le empuja al funcionariado aunque sea a través de interinidades. Y mientras el sector privado se adapta a la desaceleración, el público sigue contratando, aumenta su masa salarial y engorda la burbuja en un país donde el gasto público crece muy por encima del PIB. ¿Solución? Endeudarse, obviamente. Ya tocará pagar luego a los de siempre.

Visto así, ahora se entiende mejor.